El precio como unico criterio de adjudicacion en las obras

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la soga para las pequeñas empresas

De un tiempo a esta parte, se ha extendido el precio como unico criterio de adjudicación de contratos, en sector público. Así se interpreta el concepto de oferta más ventajosa por parte de muchos ayuntamientos andaluces. Es un criterio que simplifica ese significado y no deja margen a interpretaciones, poniendo a salvo de cualquier valoración a las personas que deben dirigir y concluir sobre la adjudicación de los contratos. Esto es coherente con un entorno zarandeado por numerosos casos de corrupción que ha tenido ( y tiene ) nefastas consecuencias para el crédito de la acción pública y para el sector de la obra civil.  Es, además, un método de adjudicación que no genera resistencias a la transparencia, ya que no permite las discrepancias ni las interpretaciones de la oposición, de los ciudadanos y de cualquier otro interesado en el asunto. Por tanto es muy posible que este sea el criterio que se acabe imponiendo en la contratación pública. Es el más fácil de aplicar y el más seguro para los responsables de la contratación.

Sin embargo, este método tiene unos efectos muy negativos en los licitadores ya que la competencia que se genera solo se basa en el precio. No se contemplan otros muchos elementos que distinguen a unas empresas de otras y que son la base del crecimiento de las mejores. Ofrecer productos y servicios,  solo apoyados en el precio más bajo, tiene unos efectos muy negativos en sectores tan maduros como el de la obra civil. En estos sectores las empresas que mejoran sus sistemas de producción, que disponen de controles, de personal cualificado, que son capaces de dar respuestas a problemas inesperados, que acumulan experiencia, que pueden ofrecer mayores garantías, etc, lo hacen incurriendo en costes que debe estar repercutidos en el precio final del producto. Estas empresas necesitan respetar unos márgenes de beneficios mínimos para seguir manteniendo sus estándares de calidad y para permitir su crecimiento y mejora. Si están muy ligadas al sector público se ven en la necesidad de buscar una disminución de sus costes para poder ofertar con precios, cada vez más bajos. A estas alturas, despues de varios años de profunda crisis, solo se puede hacer eliminando -precisamente- aquellas prácticas que sin ser nucleares han permitido su distinción de las demás del mercado. Además, si no es suficiente, habrá que recortar los márgenes hasta los niveles más bajos posibles poniendo en riesgo  la salud empresarial. Y finalmente, en un último paso, como mecanismo de supervivencia, antes del cierre, se recortarán salarios y beneficios de los trabajadores, para tratar de ganar tiempo y así poder encontrar una salida.  Las empresas que puedan encontrarla la tomarán y abandonarán el sector público y aquellas que no consigan reorientar su actividad seguirán prestando sus servicios a un precio cada vez más bajo y la administración seguirá recibiendo los servicios que paga en consonancia con su desembolso.

Nos podríamos preguntar: y con este ahorro que la administración busca y encuentra, ¿que se hace?.  ¿Se publica también en los portales de transparencia? ¿Por qué no se aplica ese mismo criterio cuando se hace una obra mediante los planes de fomento del empleo agrario? ¿Se publican en los portales de transparencia los costes de las obras de PROFEA y sus ratios de rendimiento? ¿Tiene sentido subvencionar empleo agrario para actuar en el sector de la construcción (obra civil) y al mismo tiempo adoptar criterios que pueden significar la precarización del empleo especializado? ¿Por qué no se exigen los mismos rendimientos a las empresas o a los trabajadores públicos? ¿No es hora ya de que la administración sea ejemplar?  ¿No hay otras formas de licitar que consigan una  optimización del precio que pagamos todos por una obra, valorando otras estrategias competitivas que faciliten el crecimiento y la mejora de las empresas? ¿No crearíamos más empleo, más sostenible y de mayor calidad?

De esta forma la administración está colocando la soga y dejando que las empresas se la vayan ajustando poco a poco. La frecuencia de las licitaciones insistiendo en el precio como único criterio de adjudicación, sin otra limitación que la baja temeraria,  acelerará este proceso de estrangulamiento que acabará con las pequeñas empresas que no puedan desligarse del sector público.

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